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Relatores de la ONU piden a Duque no retomar aspersiones con glifosato

Relatores de la ONU piden a Duque no retomar aspersiones con glifosato


Diez relatores especiales de la ONU enviaron una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, un plan que el Ministerio de Defensa quiere emprender en los próximos meses.

La reanudación de este programa “atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”, según una información publicada este domingo por la ONG Dejusticia.


La carta está firmada el 17 de diciembre de 2020 por la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, entre otros, y dirigida al presidente colombiano.

“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato (PECIG) y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medioambiente”, dicen los relatores.

Estas aspersiones, consideran, se realizan en “un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.


El Gobierno de Duque manifestó en 2019 su intención de retomar las aspersiones y comenzó los trámites para conseguir la aprobación de autoridades medioambientales y de salud.

El actual ministro de Defensa, Diego Molano, ha repetido en varias ocasiones que los planes del Ejecutivo son comenzar en abril con las aspersiones y que la Fuerza Aérea se está alistando para ello.

Sin embargo, esto supondría, a ojos de los relatores, “enormes riesgos para los derechos humanos y el medioambiente, a la vez que no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia” Efe.


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