Crece rechazo internacional a violencia contra el Paro
Por Alberto Acevedo
La contundencia del paro nacional en Colombia no solo ha provocado una crisis política de hondas repercusiones, que se expresa en la salida de cuatro ministros del gabinete -el último fue el del Deporte- y la del Comisionado de Paz, el afloramiento de contradicciones entre el partido de gobierno y el presidente y el agrietamiento de relaciones entre el ejecutivo y partidos tradicionalmente aliados del oficialismo. También ha precipitado un creciente aislamiento del país en el concierto internacional.
Ya antes de la convocatoria a la protesta general, las intervenciones del presidente Duque y de su canciller Claudia Blum ante distintas instancias de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, y episodios bochornosos como la expulsión de uno de los más brillantes diplomáticos cubanos, o de dos oficiales de la embajada rusa, acusados de espionaje, en uno y otro caso sin pruebas serias, empujaron a la diplomacia colombiana al aislamiento.
Una larga cadena de reveses en la política exterior colombiana se ha presentado desde entonces, para concluir con episodios como la decisión de que Colombia no sea sede de la Copa América de fútbol; la posición de la calificadora de riesgo Standard and Poor’s de quitarle el grado de inversión a la economía colombiana por lo que califica como debilidad fiscal del país ante el retiro de la reforma tributaria del Congreso.
Camino del autoritarismo
La lamentable decisión de la nueva canciller Marta Lucía Ramírez de negarle el permiso de visita a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y como si esto fuera poco, las versiones de última hora, que toman fuerza, en relación a la declaratoria del estado de conmoción interior, que le envía al mundo la señal de que el gobierno Duque se precipita por el camino del autoritarismo.
Dentro de una polifonía de voceas que condenan al gobierno colombiano se destaca una declaración conjunta de al menos 18 expertos y relatores en derechos humanos de la ONU y la OEA, publicada el 14 de mayo, que reprueba la represión contra las protestas pacíficas en Colombia y el empleo de militares para enfrentar manifestaciones.
Los comisionados se mostraron “consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza” contra los manifestantes y pidieron que se investiguen las muertes y otras violaciones a los derechos humanos. Dijeron que tienen en sus manos informes de al menos 26 muertos, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 de lesiones, 168 desapariciones, 963 detenidos y al menos 12 casos de violencia sexual y de tortura. Además, 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.
Situación indignante
Entre los firmantes del Sistema de Naciones Unidas, figuran Clément Voule, relator sobre el derecho a la reunión pacífica; Mary Lowlor, sobre situación de las personas defensoras de derechos humanos, y Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
Por su parte, la organización humanitaria Amnistía Internacional instó al gobierno de Biden a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología militar a Colombia, debido a que han sido utilizados por la Fuerza Pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que se libran ya por tres semanas.
“El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante”, dijo Philippe Nassif, director de Promoción de la Oficina de Amnistía Internacional en Estados Unidos.
Fuego contra la ONU
El crecimiento de los niveles de violencia policial y el número de víctimas, disparó las alarmas en la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en el Consejo de la Unión Europea. “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche (lunes 3 de mayo), cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”, dijo la portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada, Marta Hurtado.
Al día siguiente de esta denuncia, una misión humanitaria de las Naciones Unidas que se encontraba en la estación de policía Fray Damián, en el barrio San Pascual, cerca de la Loma de la Cruz, en Cali, fue atacada a tiros por la policía. “Váyanse de aquí, inservibles buenos para nada”, les dijo un oficial a los miembros de la oficina de la ONU. “¿Por qué no defienden a la policía?”, increparon otros uniformados y acompañaron sus expresiones con insultos. Este ataque aumentó la indignación de la comunidad internacional, que lo interpretó como la respuesta del gobierno Duque al pedido de clemencia hacia los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta social.
El censo de las voces que se apartan de la política colombiana y conducen al aislamiento del gobierno Duque es grande. Mencionemos que un grupo de parlamentarios norteamericanos le pidió a la administración Biden retirar la ayuda militar a Colombia por completo. El presidente Alberto Fernández, de Argentina, y Evo Morales, de Bolivia condenaron la represión y pidieron garantías para los manifestantes.
Si llegaste hasta acá…
Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. Radio Chécheres tiene un compromiso de más de 9 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé tu medio de información independiente aportando a nuestra Vaki:
