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Comité nacional de paro se pronuncia frente al informe de la CIDH

Comité nacional de paro se pronuncia frente al informe de la CIDH


El Comité Nacional de Paro agradece el trabajo y dedicación que ha puesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, cumpliendo una de las funciones que le asignó la convención americana sobre derechos humanos1, en su visita a Colombia realizada entre el 8 y el 10 de junio, y en la elaboración de un detallado informe de 48 páginas con las observaciones y recomendaciones presentadas el día de hoy en una rueda de prensa. Compartimos las observaciones realizadas por la CIDH, acogemos con beneplácito sus 41 recomendaciones y esperamos que en su conjunto las instituciones del Estado concernidas le den cumplimiento y con ello se hagan efectivas las garantías para ejercer el derecho a la protesta pacífica en Colombia. La visita de la CIDH se realiza después de un amplio proceso de movilización y exigencia de las plataformas y organizaciones de derechos humanos y del Comité Nacional de Paro

En sus observaciones la CIDH reconoce que el Paro Nacional, sus reclamos y reivindicaciones y acciones son legítimas, se desenvuelven en el marco de derechos contenidos en la Constitución, en el punto 2.1 y 2.2 del acuerdo de paz y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ello llama a un “diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho”.

Recalca en que el derecho a la protesta pacífica en Colombia tiene una deficiente regulación, que hace falta una ley estatutaria que establezca el contenido y alcance de este derecho de conformidad con la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales y las varias disposiciones del acuerdo de paz que pueden ser útiles para abordar la participación y la protesta social.


Condena el alto número de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional, señala con preocupación la magnitud de las afectaciones a la vida, a la integridad y a libertad personal, lamenta que exista gran disparidad información de las violaciones entre las entidades del Estado y entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil, y recomienda mayor transparencia en la información y sobre todo insta a las autoridades investigar con debida diligencia, a identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía, y reparar las víctimas y sus familiares.

Señala una gran cantidad de hechos en que se pudo verificar un uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, excesivo, desproporcionado, sin distinción y frecuente, así como uso de armas de fuego, mal uso de las llamadas armas no letales, todo ello por fuera de los estándares internacionales, causando gran cantidad de daños a la vida y a la integridad física, lamentables e irreversibles, afirmando que “la CIDH ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así́ como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó́ por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Reitera, también que las fuerzas militares y la justicia penal militar no deberían usarse para intervenir en las protestas pacíficas y juzgar delitos cometidos en este contexto, en clara sintonía con la exigencia de no darle tratamiento de guerra a los conflictos sociales.

Recomienda “Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”, acogiendo una reivindicación fundamental de la ciudadanía, la reforma de la doctrina y la práctica de la Policía Nacional.

La CIDH destaca en su informe una condena enérgica a todo acto de violencia, “especialmente, aquellos que afectan la vida e integridad personal y el transcurso de las manifestaciones. En este sentido, hace un llamado al Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas”.

Sobre los mal llamados bloqueos, cortes de ruta en la doctrina internacional, señala que hacen parte de las modalidades del derecho a la protesta pacífica, siempre que no se ponga en riesgo la vida, la salud, el abastecimiento de bienes básicos, y sobre todo que no se pueden prohibir de manera generalizada y a priori, y que para resolverlos se debe establecer un mecanismo permanente de diálogo. Muy en contravía de los anuncios del gobierno nacional de reformar la legislación para prohibir y sancionar los “bloqueos”.


Valoramos que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, indígenas, afrodescendientes y LGBTI, etc., la utilización de la violencia de género como mecanismo de represión contra estas personas, y muy especialmente las agresiones contra los pueblos étnicos en el marco de las protestas pacíficas y las expresiones públicas estigmatizantes contra ellos. Recordándole al Estado su obligación de investigar dichos casos, y su deber de prevenir y proteger ante estas violaciones.

La CIDH anuncia la instalación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, el cual consideramos de la mayor relevancia y para el que estaremos prestando toda la colaboración e información que se encuentre a nuestro alcance.

El Comité Nacional de Paro valora las 41 recomendaciones que hace la CIDH, las cuales recogen casi totalmente las exigencias de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica que habíamos presentado el pasado 16 de mayo, y que el gobierno nacional se negó a adoptar, razón por la cual suspendimos el proceso de negociación.

El gobierno nacional ha reaccionado mal, muy mal, a este informe de la CIDH, primero con unas observaciones que se hicieron públicas rompiendo el diálogo confidencial del Estado con la CIDH, donde de plano rechazan en su conjunto el informe, y las declaraciones, salidas de tono y con evidente molestia, del Presidente de la República, afirmando algo que ya nadie cree en el mundo, que en Colombia exista un Estado de Derecho. Quienes observan la conducta del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos coinciden en que hay que poner fin a la violencia policial contra los manifestantes, escuchar los reclamos y dialogar con la ciudadanía movilizada y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica. La CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo, la Corte Penal Internacional, el Congreso de Estados Unidos, etc., reclaman del gobierno colombiano que cumpla los compromisos internacionales y atienda el paro nacional en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por varias semanas el gobierno nacional ha pretendido centrar la atención de la opinión pública en los efectos de las movilizaciones en la economía y en el incremento de los contagios del COVID, todos desmentidos por cifras y estudios recientes, buscando distraer las causas no resueltas del Paro Nacional y las graves consecuencias de la violencia policial desatada en contra de los manifestantes, incluso ha llegado a anunciar reformas legales para limitar el derecho a la protesta pacífica. Vuelve a ponerse de espaldas al país, se burla de la ciudadanía, pensando tal vez que esta conducta pueda, como en el pasado, ser olvidada. Se equivocan, este país ya no es el mismo, la indignación venció los miedos y la ciudadanía no dejará pasar este momento.

Este comportamiento del gobierno nacional profundiza la grave crisis social y aplaza las urgentes soluciones que se requieren. Seguir de espaldas al país incrementa el ya histórico descrédito de las instituciones y el precario apoyo del gobierno en la opinión. Sin duda esto motivará la renovación política del país.

Por todo lo anterior el Comité Nacional de Paro continuará defendiendo la vida, la paz, la democracia y los derechos, persistirá en la exigencia de las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica y convocamos para el próximo 20 de julio a una gran movilización pacífica en todo el país para exigir del gobierno nacional y de sus mayorías en el congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando.

En Bogotá estaremos presentando, con un número importante de congresistas, varios proyectos de ley sobre cada uno de los puntos del pliego de emergencia para abrir un gran debate nacional para encontrar acuerdos de las medidas necesarias para aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas.

¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!! ¡¡¡VIVA EL PARO NACIONAL!!!

COMITÉ NACIONAL DE PARO


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