Según las primeras informaciones, los campesinos despojaron a los uniformados de sus armas de fuego y los retuvieron por más de 20 horas porque, de acuerdo con su versión, algunos soldados habrían disparado contra la población civil y causado lesiones a por lo menos tres personas.
Para lograr la liberación de los miembros de la Fuerza Pública fue necesario un diálogo entre los campesinos, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, entidad que se comprometió a realizar una investigación para esclarecer cómo resultaron heridos los ciudadanos y llevar ante la justicia a los responsables.
Los 18 militares , quienes hacen parte del Batallón de Despliegue Rápido número cuatro, fueron trasladados para una revisión médica, aunque las primeras informaciones indican que ninguno presentó alguna afectación y que fueron tratados de buena manera por parte de los campesinos.
Por su parte, el brigadier general John Jairo Rojas, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró en la emisora W Radio que la institución interpondrá la respectiva denuncia por esta situación.
Según el general Rojas afirmó que solo hubo una persona herida, cuando los campesinos dicen que son tres, y que esto ocurrió porque la población civil decidió entrar en combate con la Fuerza Pública para, según él, defender a un cabecilla del grupo terrorista.
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