Con la firma de la Directiva Presidencial No. 11 de 2024, el presidente Gustavo Petro dio un paso firme hacia la inclusión y pluralidad en los medios de comunicación. Esta medida establece que, a partir de 2025, un 33,3% de la pauta estatal será asignada a medios comunitarios, alternativos y digitales, abriendo un camino para fortalecer la democracia informativa en Colombia.
La directiva busca garantizar que estos recursos lleguen a emisoras comunitarias, plataformas digitales y nuevas tecnologías. Este enfoque no solo promueve la diversidad de voces, sino que también impulsa el acceso a la información en zonas vulnerables, un paso clave para reducir las desigualdades en comunicación.
Se materializa la promesa que hizo el Presidente @PetroGustavo en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales ‘Uniendo Voces’, que se realizó el pasado 12 de septiembre en la ciudad de Armenia.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 25, 2024
El Mandatario firmó la directiva presidencial que… pic.twitter.com/fXuO96bRaU
Para cumplir con esta meta, el gobierno ha destacado la importancia de la austeridad y la transparencia en la distribución de estos fondos, siguiendo las normas de contratación pública. Además, priorizará la llegada de servicios de telecomunicaciones a regiones rurales y apartadas, históricamente excluidas del acceso a la información.
Esta política, fundamentada en la Ley 1341 de 2009, refleja el compromiso del gobierno con la libertad de expresión y el fortalecimiento de los medios pequeños. Al diversificar las fuentes de información, el país avanza hacia una sociedad más participativa y conectada.
Sin embargo, este avance no está exento de desafíos. Las grandes corporaciones mediáticas podrían ver esta medida como una amenaza a su participación en la pauta estatal, lo que plantea un escenario de debate sobre la redistribución de recursos públicos para los medios.
A pesar de posibles críticas, la decisión marca un hito en el reconocimiento de los medios alternativos como actores esenciales para la construcción de ciudadanía. Su labor en territorios remotos y comunidades vulnerables es crucial para cerrar brechas y garantizar una comunicación más equitativa.
La implementación de esta directiva será un termómetro para medir su verdadero impacto. Será fundamental que los medios comunitarios y digitales aprovechen esta oportunidad para consolidar su papel como agentes de cambio en sus comunidades.
Con esta decisión, el gobierno de Petro reitera su compromiso con un país donde la comunicación sea un derecho garantizado y la diversidad informativa, una realidad. Este es un paso decisivo hacia una Colombia mejor informada, más plural y, sobre todo, más justa.
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