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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez recibió una condena de 12 años de prisión por los delitos de soborno y fraude procesal, según confirmó la Fiscalía General el pasado 10 de octubre. Este fallo judicial constituye un precedente sin igual en la historia política del país, siendo el primer mandatario en ser condenado penalmente.
El caso se origina en investigaciones por presuntas manipulaciones a testigos durante el proceso que vinculaba al exmandatario con paramilitares. La Corte Suprema determinó que Uribe intentó alterar el curso de la justicia mediante contactos con exjefes paramilitares desde 2018, cuando aún era senador.
El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al fallo, calificándolo como "un paso hacia la verdad" para Colombia. Desde su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario subrayó que "la justicia demuestra que nadie está por encima de la ley", generando reacciones polarizadas en redes sociales.
El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2025
Expertos jurídicos consultados por el prestigios medio, RTVC Noticias, coinciden en que esta sentencia refuerza la independencia del poder judicial. Sin embargo, advierten que el proceso podría extenderse por años debido a recursos de apelación que ya anunció la defensa del expresidente.
En círculos políticos, la condena ha reavivado debates sobre la parapolítica y el conflicto armado. Sectores uribistas insisten en hablar de "persecución política", mientras organizaciones de víctimas consideran el fallo como un avance en la búsqueda de justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá enfatizó que las pruebas demostraron pagos irregulares a testigos clave. Entre ellos destaca el caso de Juan Guillermo Monsalve, quien habría recibido compensaciones para modificar su testimonio original sobre supuestos vínculos de Uribe con grupos armados.
A nivel internacional, organismos como la CIDH han seguido de cerca el proceso. Analistas sugieren que este fallo podría influir en otros casos pendientes contra expresidentes latinoamericanos por delitos cometidos durante sus mandatos.
Mientras Uribe anuncia su apelación, el país enfrenta un momento constitucional sin precedentes. La sentencia, independientemente de su desenlace final, ya ha reescrito capítulos de la historia jurídica colombiana.
Informe: Ari/Luna - Sala de Redacción | Radio Chécheres
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