Casi 800 mil argentinos se suman a demanda colectiva contra reforma de la ley de glaciares

Cerca de 800.000 personas en Argentina han adherido a una demanda colectiva que se presentará en los próximos días contra la reciente reforma de la ley de protección de glaciares. La iniciativa busca cuestionar los cambios que facilitan la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a estos cuerpos de hielo.

La reforma, aprobada por el Congreso la semana pasada, modifica la norma de 2010 y otorga a las provincias mayor autoridad para definir las áreas periglaciales donde se pueden permitir actividades extractivas. El gobierno argumenta que esta medida es necesaria para impulsar inversiones y el desarrollo económico en el sector minero.

La demanda colectiva está siendo impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en conjunto con Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados, indicó que se prepara una acción judicial sólida y que no se descarta acudir a instancias internacionales si es necesario.

El mismo día de la aprobación de la reforma, la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo en tribunales federales. Esta provincia se abastece de aguas provenientes de ríos que nacen en zonas glaciares y considera que los cambios afectan sus recursos hídricos.

La ley original de 2010 establecía la protección de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, prohibiendo actividades mineras e industriales en las zonas inventariadas. La modificación reciente permite que cada provincia evalúe caso por caso las áreas donde se pueden desarrollar proyectos de cobre, oro y plata.

Según estimaciones, la reforma podría habilitar inversiones por alrededor de 40.000 millones de dólares en minería de alta montaña. Empresas del sector sostienen que no todos los ambientes periglaciales representan reservas hídricas relevantes y que las evaluaciones técnicas permitirían avanzar sin comprometer el agua.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia había ratificado la constitucionalidad de la ley original en un caso iniciado por una minera y una provincia. Los impulsores de la nueva demanda argumentan que la reforma viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el derecho a un ambiente sano, y tratados internacionales con rango constitucional.

La acción judicial podría extenderse por varios años. Mientras tanto, las organizaciones involucradas continúan recolectando adhesiones ciudadanas y preparan los argumentos técnicos y jurídicos para defender la protección de las fuentes de agua dulce en el país.

Informe: Ari/Luna/Okito - Sala de Redacción | Radio Chécheres