La Secci贸n Tercera del Estado conden贸 recientemente a la Naci贸n, representada en el Ministerio de Defensa, el Ej茅rcito Nacional y la Polic铆a Nacional, por las omisiones en la protecci贸n de la poblaci贸n civil de La Gabarra, municipio de Tib煤, Norte de Santander. La no presencia de la Fuerza P煤blica permiti贸 la incursi贸n en varias ocasiones de grupos paramilitares en ese territorio los cuales perpetraron masacres como la del 21 de agosto de 1999, determin贸 el Concejo de Estado.
Fueron tres las incursiones paramilitares en la Gabarra durante el a帽o 1999, el 29 de mayo, 17 de julio y 21 de agosto. Siendo esta 煤ltima la que dej贸 la mayor cantidad de v铆ctimas y desplazamiento. Adem谩s se cometieron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamiento de cientos de familias que se vieron obligadas a abandonar con temor y zozobra sus viviendas. En este sentido, despu茅s de 16 a帽os del hecho, el Consejo de Estado manifest贸 la evidencia de la violaci贸n de los Derechos Humanos a los habitantes de este territorio. “Es as铆 como se manifiesta en la preexistencia de dos masacres cometidas en La Gabarra por grupos que actuaba en el municipio de Tib煤, frente a la inexistencia de seguridad p煤blica”.
Antecedentes
Fueron consecutivas las masacres efectuadas por grupos paramilitares en la zona de La Gabarra y por esto fueron condenados algunos agentes de la Fuerza P煤blica, de mandos medios, sin que se haya dado todav铆a un adelanto en la culpabilidad de los altos medios. Sin embargo, a comienzos de octubre, la Secci贸n Tercera del Concejo de Estado compuls贸 copias ante la Fiscal铆a General y la Justicia Penal Militar para que investiguen la presunta participaci贸n y conocimiento de integrantes de la Fuerza P煤blica en los hechos que envolvieron la ejecuci贸n de las tres masacres.
En 2013, el Consejo de Estado anul贸 un fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que hab铆a negado la solicitud de la familia C谩ceres Sanabria, la cual solicit贸 que la Fuerza P煤blica respondiera por omisi贸n al haber permitido la incursi贸n paramilitar y no haber hecho nada. En esa oportunidad, el Concejo de Estado argument贸 que la responsabilidad en esta masacre no reca铆a en la Fuerza P煤blica.
Sin embargo, en esta ocasi贸n, con la nueva determinaci贸n del Concejo de Estado, el Ministerio de Defensa deber谩 asumir la indemnizaci贸n de las v铆ctimas con millonarias sumas de dinero que, finalmente, son recolectadas de los impuestos que pagan los ciudadanos. Adem谩s de dejar abierta la investigaci贸n contra varios altos mandos militares.
Otros autores intelectuales
En septiembre de 2014 fue capturado en Panam谩 el “monstruo del Catatumbo”, Armando Alberto P茅rez Betancur. Un capit谩n retirado del ej茅rcito conocido como alias “Camilo” que fue el segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- despu茅s de Salvatore Mancuso, en Norte de Santander, y que se encontraba pr贸fugo de la justicia desde 2008 cuando un fallo de Tutela del Concejo de Estado le permiti贸 robar la identidad de una de sus v铆ctimas y huir del pa铆s.
Alias “Camilo”, se uni贸 a las AUC cuando ten铆a acusaciones en su contra. Fue el que instaur贸 el horror que marc贸 al Catatumbo entre 1999 y 2004. A 茅l se le atribuyen los centros de tortura, hornos crematorios y cementerios clandestinos en fincas robadas por las AUC. Adem谩s de ser un corrupto en el tr谩mite de documentos falsos que lo mantuvo huyendo de la justicia. En la c谩rcel afirm贸 que hab铆a pagado 15 millones de pesos en la Registradur铆a para que le anularan la c茅dula y le legalizaran la de Jos茅 Ignacio 脕lvarez D铆az. Seg煤n la polic铆a este es el nombre de una de sus v铆ctimas que muri贸 el 26 de julio de 2006.
En Panam谩, y con una nueva identidad, viv铆a rodeado de lujos conseguidos por el control del narcotr谩fico que manten铆a en la regi贸n. Adem谩s, ostentaba ser un gran empresario sin que en realidad lo fuera, situaci贸n que llam贸 la atenci贸n que dio su captura. El Monstruo del Catatumbo, debe responder por al menos 5.200 asesinatos en Norte de Santander. Pues contra este monstruo hay 81 贸rdenes de captura y 4 condenas por homicidio, desaparici贸n forzada y delitos de lesa humanidad que le suman unos 120 a帽os de c谩rcel.
En 2005, el Concejo de Estado rechaz贸 un recurso interpuesto por la Procuradur铆a donde se pretend铆a aunar todo lo actuado sobre las decisiones judiciales por la masacre de 36 personas en la Gabarra. El fallo del Consejo de Estado se expide paralelo a la investigaci贸n entregada por el Centro de Memoria Hist贸rica realizado en el Catatumbo para la reconstrucci贸n de la verdad: “Con Licencia para Desplazar”, el cual se abordar谩 en una pr贸xima entrega.
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