EEUU y Arabia Saudí viven una vez más momentos críticos en sus relaciones bilaterales, a causa de una herida no tan vieja, los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Hay numerosos informes que muestran el rol saudí en este acontecimiento trágico que se cobró la vida de miles de personas, documentos que Riad exige que no sean revelados porque en caso contrario habría consecuencias para Washington.
En el siguiente artículo pretendemos estudiar el tema del papel saudí en los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York, además de analizar qué situación motiva el interés de EEUU porque se revele este papel.
El día 11 de septiembre de 2001, durante el mandato de Bush hijo, 19 miembros de Al Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales para hacerlos impactar contra varios objetivos, causando la muerte de cerca de 3000 personas, más de 6000 heridos, la destrucción de todo el entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono, en el estado de Virginia. Este ataque propició el pretexto a Jorge W. Bush, entonces presidente estadounidense, para atacar, ese mismo año, Afganistán sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, por considerarlo la cuna del terrorismo.
Desde entonces, ente la opinión pública estadounidense, Arabia Saudí era considerado el patrocinador ideológico y financiero de Al Qaeda, por lo que sobre sus hombros recayó el peso de las críticas. No obstante, los políticos estadounidenses, cerebros de la Casa Blanca y el Congreso, se han esforzado por ocultar el rol de Riad en ese ataque terrorista contra EEUU. Esa postura hacia su socio árabe genera las críticas de los ciudadanos por el doble rasero que mantienen estos en la lucha contra el terrorismo y, cada año, en el momento de conmemorar la tragedia del 11 de septiembre, organizan masivas protestas para que las autoridades permitan las investigaciones y se revele el papel saudí en este trágico incidente.
Las autoridades estadounidenses, para aliviar la tensión con la opinión pública interna, de vez en cuando, presentan algunos datos sobre el incidente y culpan a algunas entidades o países sobre la tragedia. El caso más reciente fue la decisión del juez estadounidense, George Daniles, quien condenó a Irán pagar unos 10.500 millones de dólares por los ataques a las Torres Gemelas, sin haber presentado prueba alguna de la implicación del país persa.
Esta rara decisión del juez se produce sin haber hecho mención alguna a las nacionalidades de los terroristas (15 de ellos eran saudíes, dos emiratíes, un egipcio y un libanés) que secuestraron los aviones con los que se perpetraron los atentados del 11 de septiembre de 2001.
No obstante, la decisión no tuvo acogida ni siquiera entre los medios estadounidenses y de sus aliados, e incluso en varias oportunidades la trataron como un chiste ya que carecía de fundamento y cuestionaba la reputación del sistema judicial estadounidense.
Implicación saudí en atentados terroristas
En estas circunstancias y en medio de las investigaciones sobre la raíz de los atentados y los involucrados en el caso, los congresistas estadounidenses debaten la necesidad de desclasificar el último capítulo —unas 28 páginas— del informe final del Senado sobre los atentados, donde figura una red de personas vinculadas con Arabia Saudí, que ayudaron a los futuros secuestradores a llegar a EE.UU.
Estas 28 páginas parecen cruciales y podrían tener revelaciones cruciales, ya que han provocado la fuerte e ilógica reacción de los saudíes. De acuerdo con el diario estadounidense, The New York Times, poco después de salir la noticia, las autoridades de Al Saud amenazaron con vender miles de millones de dólares de activos, si el Congreso de EEUU aprobaba un proyecto de ley que desclasificara el papel del reino árabe en los ataques de 11-S.
En este mismo sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al-Yubeir, entregó personalmente el mensaje de su país durante el viaje realizado el mes pasado a Washington, advirtiendo de la retirada de un total de 750 mil millones de dólares en valores del Tesoro u otros activos en EE.UU., antes de que sean inmovilizados por los juzgados norteamericanos. La medida saudí se adopta mientras las familias de las víctimas del 11-S han presentado una querella ante las tribunales del país, considerando a los miembros de la familia de Al Saud, bancos y centros de caridad saudíes como responsables del ataque.
Washington no quiere que se revele el rol saudí en el 11-S
Ante los esfuerzos del Congreso por sacar a la luz el papel saudí, el gobierno ha tomado una postura contundente. El portavoz de la Casa Blanca, Joshua Earnest, anunció que el presidente Barack Obama vetará un proyecto de ley que permitiría retirar la inmunidad diplomática a responsables políticos de Estados implicados en terrorismo dentro de territorio estadounidense.
La alegación del gobierno para vetar el proyecto de ley es que la medida podría hacer que otros países adopten medidas recíprocas, es decir que retirasen la inmunidad a responsables políticos estadounidenses implicados en asesinatos fuera de sus fronteras.
No obstante, esto no parece ser una buna excusa para que se vete un proyecto de ley que podría esclarecer la raíz de un acontecimiento que motivó una guerra prolongada en Afganistán. De acuerdo con los informes filtrados por varias agencias, el tema no se limita solo a la implicación de Arabia Saudí en el 11-S, sino que involucra a las autoridades estadounidenses. Además se dice que el país árabe no fue el único gobierno extranjero implicado en los atentados, también Israel estaba en el juego.
En este sentido, el profesor de la Universidad de Madison, Kevin Barrett, afirmó que las investigaciones realizadas ponen de relieve que las autoridades estadounidenses, junto con los saudíes, perpetraron los atentados para cumplir con sus objetivos en Oriente Medio. Razón por la cual, el entonces Gobierno de Bush ordenó clasificar la documentación.
De este modo, puede resultar lógico que ni Riad ni Washington quieran que se apruebe la ley, ya que de ser así, las 28 páginas pondrían a los ciudadanos estadounidenses y a la comunidad internacional al tanto de los crímenes cometidos por EE.UU., tanto dentro de su propio territorio como en el extranjero (Afganistán e Irak), en el marco de su política injerencista en el mundo, cuyo pretexto, en este caso, fue la lucha contra el terrorismo.
