¿Se sabe ya la verdad de los asesinatos de los dirigentes de la @UP_Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que cumplir con una tarea que ha sido aplazada por 34 años: conocer la verdad que hay detrás del exterminio de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda que nació en la década de los ochenta, después de la firma de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Farc-EP. Para ello, además de escuchar a las víctimas y los comparecientes, deberá también apoyarse en documentos entregados por entidades del Estado y las organizaciones sociales.

Uno de esos informes lo entregó la Fiscalía hace seis meses y fue conocido por Colombia 2020. Dentro de sus apartados, están los 67 asesinatos de dirigentes y militantes que han sido declarados delitos de lesa humanidad. De acuerdo con el ente acusador, la declaratoria se debió a que todas las víctimas formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra este partido de izquierda. Además, funcionó como una estrategia para seguir investigando ataques que hoy siguen impunes y que hace unos años estuvieron a punto de prescribir.

Según la Fiscalía, los casos tienen patrones muy claros. El primero de ellos es que en todos hubo una intervención de grupos de autodefensa y la participación de agentes del Estado; el segundo es que a pesar de que los líderes de la UP contaban con escoltas armados y otros mecanismos de protección, el Estado no garantizó su vida, y el tercero, en casi todos hubo amenazas de muerte previas a los asesinatos. Un claro ejemplo de ellos son los homicidios de José Antequera, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, que ocurrieron en el aeropuerto El Dorado, lugares que a pesar de ser custodiados por la Fuerza Pública no fueron entornos seguros para los estos dirigentes de la UP.

Si bien identificar estos puntos en común y la declaratoria de lesa humanidad han sido pasos para luchar en contra de la impunidad, que siempre ha sido protagonista en la justicia colombiana, la verdad es que no se ha traducido en avances de judicialización significativos. A continuación, mostramos cómo fueron los asesinatos de los líderes nacionales de la UP Jaime Pardo Leal, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y Manuel Cepeda Vargas, y la situación jurídica de cada caso, que ahora deberá desenmarañar la JEP para reparar a las víctimas que desde hace más de 30 años piden saber quiénes y por qué asesinaron a sus familiares.

Jaime Pardo Leal, primer candidato presidencial de la UP

Hecho: el dirigente nacional Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987, cuando se dirigía hacia Bogotá desde su finca, ubicada en la Mesa (Cundinamarca). Gloria Flórez, su esposa, narró así el asesinato del primer candidato presidencial de la UP: “En ese momento, él manejaba como muy a la mitad de la carretera y cuando los niños le dijeron “papá, dé campo”, yo sentí fue como un ruido, como granizo. Cuando recapacité a ver qué pasaba, vi el vidrio panorámico con dos huecos. Mi reflejo fue mirar a Jaime, porque al ver el vidrio roto, dije “no están matando”. Cuando volteé, él ya estaba bañando en sangre y como pude, frené el carro”. Sus familiares aseguraron que Pardo recibía constantes llamadas de personas que afirmaban ser suboficiales del Ejército. Meses antes de su muerte, Pardo Leal denunció los asesinatos y atropellos que miembros de la UP y otros sectores de la oposición política sufrían de mano de grupos paramilitares con ayuda de la fuerza pública.

Avances judiciales: Las primeras indagaciones las realizó el Juzgado 98 de Instrucción Criminal Permanente de Bogotá. La investigación se abrió el 26 de octubre de 1987 y se dio captura a Jaime Orlando Sánchez Buitrago. Por los hechos, también se impuso medida de aseguramiento a Gonzalo Rodriguez Gacha, alias “El Mexicano”, y a su escolta William Infante, quien contactó a los asesinos y les ofreció $20 millones de pesos. Sin embargo, debido a la muerte de Gacha, en diciembre de 1989, se dispuso a precluir la acción penal. Contra William Infante y Beyer Yesid Barrera se dictó sentencia condenatoria por 24 y 25 años de prisión, como coautores materiales del homicidio agravado y lesiones personales. También fueron condenadas a 9 años y meses de prisión, en calidad de cómplices por el delito de homicidios, a Oliveira Acuña y Dora Peñaloza. La posible participación de otras personas en caso, declarado delito de lesa humanidad el 18 de abril de 2016, aún es investigada por la Fiscalía. El proceso actualmente está activo, en etapa de investigación previa.

José Antequera, director de la UP

Hecho: el 3 de marzo de 1989 José Antequera se trasladó, en horas de la tarde, al Aeropuerto Internacional El Dorado. Antes de abordar su vuelo, se encontró con el entonces senador Ernesto Samper Pizano y su esposa. En medio de la conversación, cuenta un agente del DAS, “de repente salió un sujeto vestido, disparando contra los que estaban en ese lugar y se armó una balacera tremenda”. Antequera fue trasladado a un centro asistencial, pero no pudieron salvarle la vida, mientras que Samper Pizano resultó herido por 13 impactos de bala. Tres meses antes de este hecho, Antequera envió una carta al director del DAS, el general Miguel Maza Márquez, en la que hacía un balance negativo en contra de esta entidad, pues no había brindado las garantías de seguridad, lo que desencadenó en muertes y amenazas de dirigentes y militantes de la UP.

Avances judiciales: cinco meses más tarde del asesinato de Antequera, la Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Medellín informó la captura de algunos miembros de la banda Los Búhos, quienes al parecer participaron en este crimen. Sin embargo, el 11 de mayo de 1994 se archivó la investigación. Sólo hasta el 15 de agosto de 2012 se solicitó su desarchivo, tras el trámite que se desarrolla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el 27 de octubre de 2014 fue declarado delito de lesa humanidad al considerar que este hecho no es independiente, sino que está relacionado a una política sistemática de exterminio. A pesar de esto, preocupa que hasta ahora el proceso está en la etapa inicial de instrucción.

Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial

Hecho: justo un año después de la muerte de José Antequera, el 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, quien asumió la candidatura presidencial tras el asesinato de Jaime Pardo Leal, fue asesinado en el Puente Aéreo de Bogotá. Después de atravesar el detector de metales, empezó una ráfaga de disparos que lo dejó tendido en el suelo. Jaramillo fue trasladado al Hospital central de la Policía, donde murió. Según los agentes del DAS que lo acompañaban, el hombre que le disparó tenía una metralla pequeña, que descargó sobre Jaramillo rápidamente.

Avances judiciales: los agentes pudieron capturar a su sicario, un menor de edad. Se trataba de Andrés Arturo Gutiérrez, quien posteriormente fue enviado a un centro de rehabilitación de menores. Meses después, en medio de un permiso de salida, el joven y su padre también fueron asesinados por un sicario. Años después, por este caso, se profirió sentencia condenatoria contra alias “El Zarco” y los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil por probarse materialidad y responsabilidad en los hechos. En la sentencia se concluyó que la muerte del dirigente fue ordenada por grupos de autodefensa y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El 15 de marzo de 2015, el homicidio fue declarado delito de lesa humanidad. Actualmente, la investigación se encuentra en etapa de instrucción con la vinculación formal de nueve escoltas del DAS y tres integrantes de la Policía Nacional, quienes pertenecieron al esquema de seguridad de Jaramillo Ossa.

Carlos Pizarro, candidato presidencial

Hecho: sólo un mes después del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, la UP fue víctima de otro Ataque. El máximo dirigente de la desmovilizada guerrilla M-19, Carlos Pizarro Leongómez, se dirigió hacia el Aeropuerto El Dorado para tomar un vuelo hacia Barranquilla, donde participaría en una manifestación política. Según relató Óscar Núñez, militante del M-19 y compañero de Pizarro, cuando llegaron al terminal aéreo, les aseguraron que ya no podían abordar, pues el avión ya estaba en la pista. Sin embargo, minutos más tarde, alguien dijo que sí era factible. “Justo cuando el avión toma suficiente altura, se escuchó una ráfaga que viene de la parte de atrás del avión… me doy cuenta de que le dieron al comandante. Me cae sangre de él y las esquirlas de los vidrios rotos”, contó Núñez a la Fiscalía. Aunque el sicario, Gerardo Gutiérrez, alias “Yerri”, estaba reducido y Núñez dio la orden de no asesinarlo, uno de los agentes del DAS le disparó.

Avances judiciales: La investigación por este homicidio se encuentra, una parte, en juicio contra un agente del DAS que ultimó al sicario que asesinó a Carlos Pizarro. La otra parte continúa en etapa de instrucción contra dos directivos del DAS.  En noviembre de 2014, la Fiscalía adelantó la exhumación del cuerpo de Carlos Pizarro, y del sicario que disparó el arma, para recopilar información relacionada con el crimen. Hasta ahora no ha habido condenas por responsabilidad de este homicidio.

Manuel Cepeda Vargas, senador de la UP

Hecho: el 8 de agosto de 1994, el entonces senador de la UP Manuel Cepeda Vargas recibió amenazas, mediante papeles y llamadas, en las que le decían que en los próximos días lo asesinarían. Al día siguiente, cuando salió de su casa a las 8:30 a.m. hacia la sede del Congreso de la República, en compañía de su conductor y su escolta, fue interceptado por un sicario, quien acabó con su vida.

Avances judiciales: hasta el momento se han obtenido dos sentencias por este asesinato contra los sargentos del Ejército Nacional Hernando medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, a 43 años de prisión, como coautores del delito de homicidio agravado, aunque absolvió al líder de grupos de autodefensa Carlos Castaño Gil. En otra decisión, el 25 de julio de 2014, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá también condenó, como cómplice de ese homicidio, a Jesús Emiro Rivera, a 127 meses de prisión. Por otro lado, los líderes de las autodefensas Hébert Veloza, alias “H.H”, y Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, en declaración ante la Fiscalía denunciaron la presunta participación del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado por la ejecución extrajudicial del senador y señaló que no se investigó con diligencia, no se sancionó a los responsables ni se generó reparación favor de los familiares de la víctima. También, en 2014, este delito fue declarado de lesa humanidad. Actualmente, se encuentra en etapa de instrucción contra Enrico Ballardini, propietario de la pistola con la que se perpetró el asesinato.

*Fotos: Archivo El Espectador