El proyecto confrontó al partido de Gobierno y a los alternativos en el punto que faculta a los alcaldes para establecer perímetros adicionales en los que se persiga (o no) el consumo. Para ello, se creó una comisión accidental que dirima diferencias.
Las disposiciones sobre las cuales regiría la iniciativa que busca prohibir el consumo de drogas de uso ilícitos y bebidas alcohólicas en colegios, perímetros cercanos a estos y parques, fueron, nuevamente, punto de discordia entre las fuerzas políticas. Este martes, durante la votación del articulado en el Congreso, el artículo tres no logró consenso.
Dicho punto, según sus autores –el senador Rodrigo Lara y los representantes Daniel López y Erwin Arias– propone que se prohíba el porte, consumo y distribución (incluso de la dosis personal) en esos tres lugares mencionados, y centros deportivos. Y si las personas infringen la norma, la Policía podría trasladarlas a que atiendan programas comunitarios y pedagógicos, sin perjuicio judicial.
No obstante, después de las peticiones de algunos legisladores, el artículo en cuestión también faculta a los alcaldes para establecer otros lugares en los cuales prohibir tajantemente estas actividades o ser más laxos, dependiendo de las consideraciones de las autoridades locales.
La propuesta, sin embargo, no gustó entre los senadores del Centro Democrático porque, según expresó el senador y expresidente Álvaro Uribe, darles potestad a los alcaldes sobre dónde no se puede consumir y dónde no se perseguiría fuertemente el consumo por parte del Estado sería contradictorio.
“Hemos avanzado mucho, queda pendiente el tercer artículo. Pero hay una discusión de sectores políticos sobre las excepciones que quieren tener algunos partidos. Por ejemplo, en un concierto, espacio en el que pueden estar 20.000 personas, no tendría mucho sentido ordenarle a la Policía que los persiga. En cambio, hay otros que no quieren que exista ninguna excepción. Esto busca un consenso. Todos vamos hacia el mismo lado, lo importante es buscar la manera de hacerlo”, manifestó Lara sobre los disensos entre los políticos.
De igual forma, enfatizó en la evidencia con la que logró que la colectividad uribista aprobara otros artículos, en conjunto con legisladores de otras vertientes políticas, algo complejo de conseguir dada la mirada reacia del partido de Gobierno frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas.
“Yo al Centro Democrático le mostré que el decreto que expidió el Gobierno desde el fallo de la Corte ha reducido en menos 350 % las incautaciones de droga, demostrado por un informe de la Policía. Mensualmente, con la vigencia del decreto se incautaban 1.200 papeletas de dosis mínima, hoy se incautan 330, algo muy inferior. En segundo lugar, establecimos que el hecho de prohibir absolutamente en zonas como parques y zonas cercanas a colegios, donde hay familias y niños, no habilita a que se vuelva una fiesta de consumo por fuera y es algo que ha generado consenso”, aseguró el senador de Cambio Radical.
Pero, al no conseguir un acuerdo en el mencionado artículo, la discusión se congeló en un tire y afloje entre la derecha y los alternativos. De esa manera, la sala creó una comisión accidental para dirimir las diferencias. Está conformada por congresistas como Armando Benedetti, Álvaro Uribe, Gustavo Bolívar y John Milton Rodríguez, entre otros. El debate quedó aplazado y se retomará el 26 de este mes.
Contexto sobre la iniciativa
La historia de este proyecto viene de hace cuatro debates. El de este martes era el último para que se convirtiera en ley una iniciativa cuyo fin es no exponer a los menores a este tipo de consumo.
Si bien la semana pasada Lara había denunciado que el uribismo se abstuvo de respaldar el proyecto –con todo y que ha enarbolado la bandera de la prohibición del consumo de drogas– la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, salió en defensa de la iniciativa.
“Celebramos esta y otras iniciativas que se han oído sobre la preocupación que tiene el Congreso frente al riesgo que corren los niños y jóvenes respecto del consumo de drogas o de sustancias prohibidas”, manifestó la funcionaria, precisando que la propuesta no iría en contra del fallo de la Corte Constitucional que tumbó dos artículos del Código de Policía que prohibían dichas acciones, con el fin de defender eldesarrollo de la libre personalidad de los colombianos.
“El decreto (que permite incautar la dosis personal) tenía fundamento en los artículos que revisó la Corte y que fueron declarados inexequibles, pero –ojo– no en su totalidad, sino en algunas de las expresiones, pues tiene soporte legal y constitucional anterior. Este soporte jurídico permite que el decreto esté vigente”, declaró la funcionaria.
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