La Procuraduría advirtió que se deben acatar las decisiones judiciales y que "ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento", en relación con la orden de detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe.
El Ministerio Público dijo que "el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo" y que la "controversia" de las decisiones "atenta contra los principios de autonomía e independencia".
El ente de control dijo que en la decisión por la medida de detención domiciliaria contra el expresidente Uribe examinará la pertinencia de ejercer el control procesal, pero que la medida no se debe convertir en "una pandemia de odio" que "amenace la democracia".
Dijo que todas las ramas del poder público deben "de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales".
Las Cortes también habían pedido independencia judicial.
