El Estado no reconoció el genocidio contra la UP

En la recta final del caso Unión Patriótica vs. Colombia en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, SIDH, sobrevivientes, familiares y militantes responsabilizaron al Estado por la persecución que sufrió el movimiento político. La vergonzosa respuesta de la contraparte fue el negacionismo

El día esperado llegó. Después de tres décadas de denuncia, recolección de información, de buscar respuestas en todas las instancias de la justica local y de una lucha desigual por mantenerse en el escenario de la política, los sobrevivientes y víctimas del genocidio contra la UP se sentaron ante los magistrados del tribunal de justicia más influyente en el continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar verdad, justicia y reparación.

La virtualidad por efecto de la pandemia reemplazó la presencia de las voceras de las víctimas, los abogados y abogadas defensores de derechos humanos en la sede del tribunal en San José de Costa Rica, como es tradicional. Sin embargo, no fue óbice para escuchar los contundentes argumentos y relatos de las víctimas representadas por la Corporación Reiniciar y otras organizaciones defensoras de derechos humanos que fueron reconocidas en el pleito internacional, que le dieron un contexto más amplio al tribunal que definirá la condena en contra del Estado.

La contraparte fue liderada por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el político conservador Camilo Gómez y los abogados designados para el caso, que en la primera jornada negaron la sistematicidad de los hechos, desconocieron a las víctimas, insinuaron dudas sobre los testimonios de estas que reposan en el proceso y negaron las pretensiones reparadoras que elevará Reiniciar desde los orígenes del pleito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

La voz de la senadora por la Unión Patriótica Aída Avella fue escuchada como una de las representantes de las más de tres mil víctimas reconocidas por la CIDH. Inició su relato con el nacimiento del movimiento como alternativa: “En 1986 nos convertimos en el tercer partido político en Colombia, ganamos elecciones y por eso nos dispararon”.

En su testimonio se demostró la sistematicidad de los actos violentos y la barbarie vivida, señaló que los asesinatos y las masacres precedían de amenazas constantes e incluso con operaciones militares sofisticadas como la infiltración de militares como trabajadores en una finca para masacrar una familia cuyos miembros militaban en la UP. Los relatos trajeron a la memoria los nombres de una generación excepcional de políticos formados para actuar en democracia.

Justamente el caso de la UP fue considerado por la Corte como emblemático por contener violaciones a los derechos humanos fruto de la persecución política en tiempos de “democracia”. Por otra parte, es la única vez que un Estado que ha sido calificado como responsable de violaciones de derechos humanos no acepta y lleva el caso hasta la última instancia.

La estrategia de defensa por parte de Colombia ha sido una sola desde que la Corporación Reiniciar presentó el caso en 1998 al Sistema Interamericano, primero en la Comisión y ahora en la Corte: negar las pretensiones de la parte demandante, negar el genocidio como una práctica del Estado y negar a las víctimas y los sobrevivientes.

La Comisión en pronunciamiento del año 2017 señaló al país como responsable por acción, omisión y complicidad. Sin embargo, la Agencia Jurídica del Estado insistió en la audiencia del pasado 8 de febrero que no reconoce al universo de víctimas y que registra apenas 229 que podrían ser reconocidas en la Ley 1148 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. Una posición que la Unión Patriótica rechaza de plano.

En el fallo de 2017, los comisionados señalaron entre otras cosas que se conocía la existencia de planes de exterminio en contra de los miembros de la UP, el plan “Golpe de Gracia” que abarcaba la destrucción física y el desprestigio político de los sobrevivientes, de forma que cualquier atentado contra sus vidas pudiera justificarse públicamente, así como el “Plan Retorno”, concebido como una estrategia de exterminio en la región de Urabá para recuperar por la fuerza el poder político para los partidos tradicionales en esa región.

Pero no solo los planes de eliminación existían. Para la Comisión parte del desprestigio de los integrantes y militantes de la UP se logró mediante el uso indebido del derecho penal, que implicaba privarlos de libertad en instalaciones militares en donde eran objeto de torturas para lograr confesiones falsas y someterlos a procesos penales infundados por delitos como “rebelión”, “homicidio” o “terrorismo” en casos en los que los fiscales y jueces eran “secretos” y se incorporaban medios de prueba falsos, entre otras violaciones a las garantías mínimas.

Es el caso conocido como La Chinita donde se persiguió judicialmente a la dirigencia y militancia de la Unión Patriótica, y que recientemente produjo la condena al Estado y la obligación de reparar a las víctimas que en algunos casos estuvieron privados de su libertad por décadas.

El mismo Estado señaló que la Unión Patriótica era percibida socialmente como “el brazo político de las FARC” y que esto condujo a alianzas entre actores armados y delincuenciales, lo cual demuestra que tenía conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraban, sin embargo, no adoptó medidas efectivas para proteger a sus integrantes y parar el exterminio, sino que, por el contrario, en muchas ocasiones alentó, promovió o ejecutó los ataques en contra del movimiento político.

Otro de los relatos llevados a la Corte fue el de María Eugenia Guzmán, compañera sentimental del dirigente José Antequera y quien relató los difíciles momentos de persecución vividos previos al asesinato de “Pepe”, como era conocido el dirigente comunista, y las consecuencias posteriores del mismo: “Teníamos temor de salir todos los días a la calle, eran situaciones que tenían como objetivo romper el alma y la mente por la condición política que nos daba juntarnos en la UP”.

Al respecto señaló la Comisión: “En un grupo importante de casos, la Comisión identifica que las amenazas continuaron, tanto de manera inmediata como prolongada. Así, en varios casos se perpetraron actos de amenaza, intimidación y hostigamiento atribuidos a agentes estatales en el contexto de los propios sepelios de las víctimas en los cuales incluso se denuncia que se interrogaba a los miembros de las familias sobre su pertenencia o vínculo con la Unión Patriótica. En otros casos, las amenazas continuaron posteriormente frente a miembros sobrevivientes de las familias que, o bien fueron testigos de los hechos, o bien los denunciaron”.

“Confirmamos y corroborarnos el trabajo de 25 años, ya el caso está instruido y hay un precedente que es el informe de la Comisión del año 2017. Partimos de la idea que el Estado colombiano no quiso reparar ni acatar las recomendaciones de la Comisión y por eso llegó el caso a la Corte. Aquí se ratifican las pruebas, los alegatos. La impunidad sigue igual”, señaló Jahel Quiroga, directora ejecutiva de Reiniciar.

Marcha de la Unión Patriótica en Bogotá. Foto archivo

Por su parte, el Partido Comunista Colombiano, fuerza política central de la Unión Patriótica y que llevó a cuestas la mayor parte de las víctimas del genocidio, calificó la audiencia como trascendental en la resistencia y en la lucha de las víctimas frente al genocidio político continuado y extendido.